El oficialismo avanzará esta semana en la Cámara de Diputados con el objetivo de sancionar definitivamente la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión prevista para el miércoles 8 de abril de 2026, tras un plenario de comisiones convocado para el martes 7 de abril.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero de 2026, y el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para convertirlo en ley en el recinto.
La iniciativa propone modificar el alcance de la normativa vigente —sancionada en 2010— al reducir las áreas protegidas y otorgar mayor poder a las provincias para definir qué zonas deben preservarse y cuáles pueden destinarse a actividades productivas, especialmente la minería.
En la previa de la votación, el debate volvió a intensificarse por la activación de proyectos mineros en regiones periglaciares, áreas que concentran reservas estratégicas de agua dulce y que hoy están en el centro de la discusión.
El uso del recurso hídrico aparece como uno de los puntos más sensibles. Mientras desde el sector minero sostienen que la actividad tiene un impacto acotado en el consumo total de agua, sectores ambientalistas advierten que una flexibilización de la ley podría comprometer reservas clave a largo plazo.
En paralelo, la sesión también estará atravesada por tensiones políticas: la oposición busca impulsar interpelaciones a funcionarios del Gobierno, en un contexto en el que el oficialismo intenta concentrar la agenda en la aprobación de la reforma.
Así, la semana legislativa se encamina a un punto decisivo. El resultado de la votación del 8 de abril no solo definirá el futuro de la ley, sino también el equilibrio entre desarrollo minero y protección ambiental en la Argentina.
