El Gobierno nacional derogó la resolución conjunta de 2012 que regulaba los criterios de patentabilidad en el sector farmacéutico, en una decisión que marca un giro en la política de propiedad intelectual aplicada a los medicamentos.
La normativa eliminada —que establecía pautas estrictas para evaluar solicitudes de patentes químico-farmacéuticas— había sido diseñada para limitar la concesión de derechos exclusivos sobre modificaciones menores de fármacos ya existentes. Su objetivo era favorecer la competencia y facilitar el desarrollo de medicamentos genéricos.
Con la derogación, el Ejecutivo busca agilizar los procesos de aprobación y ampliar el alcance de las patentes, alineando el sistema local con estándares internacionales. La medida también apunta a reducir los tiempos de tramitación y generar mayor previsibilidad para las empresas del sector.
El cambio se produce en un contexto de negociaciones con Estados Unidos, que históricamente cuestionó las restricciones argentinas en materia de propiedad intelectual, especialmente las derivadas de la resolución de 2012.
Desde el sector farmacéutico internacional, la flexibilización es vista como una señal positiva para la inversión y la innovación. Sin embargo, distintos especialistas advierten que una mayor apertura podría impactar en el precio de los medicamentos, al extender los períodos de exclusividad comercial y limitar la competencia de genéricos.
En ese marco, el nuevo esquema abre un debate entre la necesidad de incentivar la innovación y el acceso a tratamientos a costos accesibles, una tensión histórica en la regulación del mercado farmacéutico.
