En un giro significativo de la respuesta del Ejecutivo a los hechos de violencia registrados esta semana, el Gobierno federal decidió calificar los ataques como actos con “intención terrorista”, lo que implica penas más severas y un tipo penal reforzado según la legislación vigente en Argentina.
En un comunicado oficial y entrevistas con medios, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo nacional presentará ante la Justicia una denuncia penal por terrorismo contra los responsables de los graves incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Senado.
Monteoliva señaló que las conductas violentas, que incluyeron lanzamiento de bombas molotov, daños a bienes públicos y agresiones a efectivos de seguridad, superan el marco de una protesta común. Según el Gobierno, estas acciones tenían el propósito no solo de agredir, sino de generar temor en la población y obstaculizar el funcionamiento del Poder Legislativo, por lo que correspondía aplicar la Ley Antiterrorista (N° 26.734).
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, afirmó Monteoliva en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.
La denuncia, presentada ante la Justicia Federal, califica los hechos como “atentado al orden constitucional y a la vida democrática” y otros delitos agravados por tener, presuntamente, la intención de “sumir en terror a los poderes públicos y a la ciudadanía”. En el documento se solicitó la investigación profunda de los involucrados, su identificación formal y la detención inmediata con los agravantes correspondientes.
Las autoridades también difundieron la identidad de al menos cuatro de los manifestantes que habrían participado en los actos más violentos, incluyendo a quienes se los vio armar y lanzar artefactos incendiarios. Se espera que estas identificaciones y registros audiovisuales sirvan para avanzar con las causas judiciales.
Desde Seguridad defendieron el accionar de las fuerzas policiales y destacaron que el uso de protocolos apuntó a controlar los disturbios y evitar heridos graves, aunque admitieron la complejidad de intervenir frente a grupos que emplearon elementos peligrosos contra los uniformados.
Por otro lado, aún continúa el proceso de identificación de más involucrados, mientras parte de los detenidos fueron liberados y sólo algunos permanecen bajo arresto por causas penales previas o vinculadas directamente con estos episodios.
