El Gobierno nacional puso en marcha la reglamentación del Régimen Penal Tributario y del Procedimiento Tributario, conocido como Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” y promover la incorporación de esos fondos al circuito formal de la economía.
La normativa —que comenzará a regir una vez publicada en el Boletín Oficial— modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, flexibiliza controles patrimoniales y apunta a que los contribuyentes cumplan con la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Entre los cambios más destacados, se elevaron significativamente los umbrales para que se configure la evasión fiscal: la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. Además, se redujo el plazo de prescripción de delitos tributarios de cinco a tres años, y se estableció que la evasión dejará de ser automáticamente un delito penal si el contribuyente regulariza su situación pagando la deuda sin enfrentar una causa penal.
Para poder adherirse al régimen, los contribuyentes deben cumplir ciertos requisitos, como tener ingresos anuales de hasta $1.000 millones, un patrimonio de hasta $10.000 millones y no ser Gran Contribuyente Nacional. ARCA pondrá a disposición declaraciones juradas simplificadas precargadas que podrán ser revisadas y presentadas por el contribuyente, cuyo pago y presentación en término tendrán un efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.
Según el organismo recaudador, la medida “vuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin dar explicaciones”, con la intención de fortalecer la previsibilidad fiscal y reducir la litigiosidad.
