El inicio de 2026 encontró al sector empresario con expectativas más moderadas en materia impositiva. Pese a los reiterados anuncios oficiales sobre una futura reducción de la carga tributaria, el Gobierno nacional reconoció ante representantes privados que el escaso margen fiscal impide avanzar este año con una reforma profunda del sistema tributario.
Según trascendió en reuniones mantenidas hacia el cierre de 2025, funcionarios del equipo económico dejaron en claro que las empresas deberán afrontar otro ejercicio con elevada presión impositiva, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. La prioridad del Ejecutivo continúa siendo sostener el superávit fiscal, condición que limita cualquier rebaja de magnitud.
Rebajas acotadas y atadas a la caja
En ese contexto, el capítulo impositivo incluido dentro del proyecto de reforma laboral aparece como el único margen posible para aliviar costos, al menos en el corto plazo. Allí se contemplan medidas como la reducción de impuestos internos para determinados sectores, una baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover proyectos productivos de pymes.
También se incluye la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3 % de las contribuciones patronales, las cuales dejarán de destinarse al sistema previsional para conformar un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.
Sin embargo, el dictamen mayoritario del Senado incorporó una cláusula clave: la vigencia de estas rebajas quedará sujeta a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, y a la disponibilidad fiscal. En el sector privado ya descuentan que incluso estas medidas podrían demorarse o aplicarse parcialmente.
Diálogo abierto, pero pocas certezas
Pese a este escenario, las entidades empresarias mantienen canales de diálogo con legisladores de distintos bloques. La información que circula es que el Gobierno prioriza la aprobación del FAL y de incentivos para el blanqueo laboral, mientras que las rebajas impositivas más amplias quedarían para una etapa posterior.
En la Unión Industrial Argentina (UIA), que conduce Martín Rappallini, trabajan en una propuesta alternativa para que las cargas patronales puedan computarse a cuenta del IVA. El estudio de impacto fiscal sería presentado a Caputo en una reunión prevista para comienzos de febrero.
Mientras tanto, la preocupación pasa por la marcha de la actividad económica, que mostró señales de retroceso hacia fines de 2025, y por la pérdida de competitividad frente al avance de las importaciones. “Si no se pueden bajar impuestos, al menos deberían frenar el crecimiento de las importaciones”, admitió un dirigente industrial.
Reclamos sectoriales y presión subnacional
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), su presidente Mario Grinman reconoció que durante la actual gestión se observó una reducción progresiva de algunos tributos nacionales, pero advirtió que el proceso necesita profundizarse sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. También alertó sobre el impacto de los aumentos de impuestos provinciales y municipales, que podrían neutralizar los esfuerzos de la Nación.
En el agro, el reclamo sigue centrado en la eliminación de los derechos de exportación. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, insistió en que se trata de uno de los impuestos más distorsivos para la producción y sostuvo que la competitividad solo se recuperará con menores costos internos e inversión en infraestructura.
La construcción también mira el escenario con cautela. Desde Camarco advirtieron que una reforma laboral “moderada” puede ayudar, pero que sin crecimiento económico no habrá impacto real en el empleo. En cuanto a la cuestión tributaria, señalaron que el grueso de la reforma depende de las provincias, lo que complica su implementación.
El límite fiscal, en números
Especialistas en tributación coincidieron en que el margen fiscal es muy reducido. Mientras los impuestos nacionales más distorsivos representan más del dos por ciento del PBI, el resultado primario proyectado ronda el uno coma cinco por ciento. A eso se suma el impacto de leyes recientemente aprobadas, que absorben recursos y achican aún más el espacio para bajar impuestos.
En este escenario, el consenso es claro: 2026 será un año de transición. La reforma tributaria integral quedó postergada y las expectativas empresarias se reacomodan a una realidad donde la estabilidad fiscal sigue siendo la principal prioridad del Gobierno.
