Ahora, consultado por Rafaela Noticias, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que el expediente se encuentra en una instancia de definición técnica: “Esta semana estamos teniendo la última revisión de los proyectos. Es un programa que hoy consta de tres Alcaidías en distintos lugares: una en Reconquista, una en Rafaela y otra en el departamento General López”, detalló el funcionario.
Y agregó: “La Alcaidía se concibe como un complemento de la justicia penal, por lo cual en cada cabecera de circunscripción judicial debería haber un lugar para el alojamiento transitorio de detenidos. Esta semana vamos a cerrar los detalles técnicos y esperamos ya en este año poder licitar”.
Sin embargo, más allá de esa expectativa, el proyecto volvió a quedar envuelto en incertidumbre cuando se conoció el contenido del Presupuesto Provincial 2026. En la planilla correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, la obra figura bajo la denominación “Alcaidía – Rafaela – Castellanos”, con una asignación de apenas 10 millones de pesos.
Se trata de una cifra meramente simbólica, habitual para proyectos que permanecen “en carpeta” pero no tienen prioridad de ejecución inmediata. En términos prácticos, no alcanza para iniciar una obra de esta magnitud y funciona más como un asiento administrativo que como una señal concreta de arranque.
En el mismo Presupuesto, dentro del denominado “Programa de Emergencia Penitenciaria”, la Provincia prevé una inversión global superior a los 175 mil millones de pesos, destinada a infraestructura carcelaria. Si bien esos fondos podrían eventualmente redireccionarse, en esa categoría aparecen otros proyectos penitenciarios considerados de mayor urgencia que el de Rafaela.
Este escenario contrasta con la celeridad con la que, a comienzos de 2025, el Concejo Municipal aprobó la donación del predio a la Provincia, en una sesión extraordinaria realizada en pleno receso legislativo y prácticamente sin debate. Aquella urgencia alimentó la hipótesis de que la construcción tendría plazos cortos, algo que hoy no se verifica.
El proyecto, además, estuvo atravesado desde el inicio por una fuerte polémica. Sectores vecinales del norte de la ciudad y bloques de la oposición cuestionaron la ubicación elegida, lo que llevó a especular con que las definiciones de fondo se postergarían hasta después del calendario electoral.
Desde el Ejecutivo local, el intendente Leonardo Viotti volvió a defender la localización del predio: “La información que teníamos es que el terreno está en manos del Ministerio de Infraestructura. Nosotros pusimos, como rafaelinos, el terreno público más lejano que teníamos del centro de la ciudad, a casi un kilómetro de la última casa del sector norte. Era el mejor ubicado para estas características”, sostuvo.
Viotti también contrastó la futura obra con la situación actual del centro de detención transitorio, ubicado en pleno microcentro rafaelino: “Estamos en el corazón de la ciudad, rodeados de bancos e instituciones, en el sector comercial y administrativo más importante. Cualquier lugar al que llevemos esta Alcaidía va a ser mejor que lo actual”, afirmó.
Mientras tanto, siguen sin conocerse detalles centrales del proyecto definitivo, especialmente en lo referido a infraestructura y servicios. Un establecimiento de estas dimensiones demandará obras complementarias de energía, agua, accesos y seguridad en una zona que hoy no cuenta con esos recursos disponibles de manera inmediata, lo que implica inversiones adicionales y una ejecución necesariamente por etapas.
Así, a enero de 2026, la nueva Alcaidía de Rafaela permanece en un punto intermedio: con el expediente activo y promesas de licitación, pero sin un respaldo presupuestario que permita asegurar cuándo comenzará efectivamente a construirse.
