Durante 2025, los haberes de los jubilados y pensionados nacionales experimentaron un aumento acumulado de 27,6%, resultado de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria (Ley 27.609). Dicha legislación, vigente, establece un cálculo automático de actualización de haberes en función de parámetros inflacionarios, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios.
El grupo más numeroso de jubilados, aquellos que perciben el haber mínimo o un solo haber, no sólo vio incrementada su prestación por el mecanismo de movilidad, sino que también recibió un bono mensual de $70.000 por todo 2025, acumulando $840.000 adicionales. Aunque este bono fue perdiendo valor conforme avanzó la inflación anual —pasando de representar cerca de 25% a cerca de 20% del haber mínimo.
No obstante, para quienes perciben más de un haber, la experiencia del año marcado por la movilidad y el bono dejó una conclusión firme: están obligados a iniciar acciones judiciales de reajuste de haberes contra la ANSES. Según abogados previsionales, esta afirmación ya no es discutible, sino una certeza jurídica, porque sólo a través de los reclamos judiciales se puede alcanzar una actualización de los haberes que reconozca plenamente los aportes realizados durante la vida laboral, tal como lo protegen los principios de igualdad y seguridad social de la Constitución Nacional y la interpretación de la Ley de Movilidad.
Hacia 2026, el primer ajuste previsto para enero es del 2,47%, que llevará el haber mínimo a $349.299. Además, por decreto presidencial, se mantendrá el bono de $70.000 para enero.
Especialistas en economía previsional señalan que estos números deben leerse con cautela: si bien los bonos y ajustes constituyen un alivio transitorio, la erosión del poder adquisitivo por inflación persistente obliga a pensar en mecanismos más sólidos de actualización que no dependan únicamente de ajustes porcentuales o bonos discrecionales.
En este contexto, muchos jubilados encuentran en los juicios de reajuste de haberes la herramienta jurídica más efectiva para reclamar una adecuación justa de sus ingresos, y estudios especializados acompañan ese proceso con análisis personalizados y estrategia legal.
Para quienes deseen asesoramiento en materia previsional o iniciar un reclamo, el Estudio Jurídico de Marisol Escandell, en Hipólito Yrigoyen 394, Rafaela, ofrece orientación profesional y atención vía WhatsApp al número 203-492-270321.
