El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma laboral que pone el foco en el sistema de juicios laborales, con el objetivo de reducir la litigiosidad, unificar criterios judiciales y dar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores. La iniciativa ya genera debate en el ámbito político, sindical y jurídico por el alcance de las modificaciones propuestas.
Un sistema con alta litigiosidad
Según los fundamentos del proyecto, en la Argentina existen actualmente más de 600 mil juicios laborales en trámite, una cifra que representa alrededor del 10 por ciento de los trabajadores registrados del sector privado. Para el Ejecutivo, este escenario impacta de manera directa en los costos laborales, desalienta la contratación formal y afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Desde el Gobierno sostienen que la normativa vigente y la disparidad de criterios judiciales favorecieron el crecimiento de los reclamos y la extensión de los procesos, lo que derivó en fallos con montos elevados y escasa previsibilidad.
Cambios clave en los juicios laborales
Entre los principales puntos del proyecto se destacan modificaciones en la forma de calcular indemnizaciones, intereses y en el desarrollo de los procesos judiciales:
- Actualización de créditos laborales: se propone un esquema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de establecer un criterio uniforme para todos los tribunales.
- Pago en cuotas: se habilita, bajo control judicial, el pago de sentencias en hasta doce cuotas, especialmente pensado para aliviar la situación financiera de las pymes.
- Base de cálculo de indemnizaciones: se excluyen del cálculo conceptos no mensuales o extraordinarios, como premios ocasionales, aguinaldo o vacaciones no gozadas.
- Plazos en causas por riesgos del trabajo: se fija un plazo máximo de 90 días para la intervención de cuerpos médicos forenses en las jurisdicciones que adhieran al sistema.
- Cambios procesales: las pruebas deberán ofrecerse desde el inicio del juicio, se elimina el impulso de oficio del juez y se establece la caducidad de la causa si no hay movimientos procesales durante seis meses.
- Criterios judiciales: los jueces deberán ajustarse a los lineamientos de la Corte Suprema, salvo que fundamenten de manera expresa una decisión distinta.
Los puntos que generan más dudas
Especialistas en derecho laboral advierten que algunos artículos podrían abrir nuevos debates judiciales, especialmente en lo referido a la eliminación del impulso de oficio y al cálculo de intereses sobre los créditos laborales. También se cuestiona si ciertas modificaciones podrían afectar el principio protectorio del derecho del trabajo.
Desde el sector sindical, en tanto, se alerta sobre un posible retroceso en derechos adquiridos, mientras que el Gobierno insiste en que la reforma busca ordenar el sistema sin eliminar garantías básicas para los trabajadores.
Un debate abierto
El proyecto comenzó su recorrido legislativo y se espera un intenso debate en el Congreso, donde podrían incorporarse cambios o aclaraciones a los puntos más controvertidos. El desafío será encontrar un equilibrio entre la reducción de la litigiosidad y la preservación de los derechos laborales, en un contexto económico y social sensible.
