El Gobierno concretó una colocación de deuda en dólares por US$ 1.000 millones mediante la emisión del Bonar 2029, con un rendimiento anual del 9,26%, un nivel superior al objetivo inicial. La operación apuntó a avanzar en la normalización del financiamiento y a afrontar parte de los vencimientos previstos para el 9 de enero.
Según informó la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por más de US$ 1.400 millones, mientras que el monto efectivamente adjudicado ascendió a US$ 910 millones. La tasa obtenida quedó por encima de los rendimientos logrados recientemente por provincias y empresas, en parte por tratarse de un título bajo legislación local.
El nuevo bono tiene un cupón del 6,5% y fue presentado como un paso en el regreso del país a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera. El objetivo inmediato del Gobierno es cancelar una porción del pago de capital correspondiente a los Bonares 2029 y 2030, que totalizan unos US$ 1.200 millones en la próxima fecha de vencimiento. Entre capital e intereses, la carga total asciende a cerca de US$ 4.200 millones.
En el mercado, la colocación fue interpretada como un movimiento orientado a mostrar avances en la búsqueda de financiamiento. Algunas entidades financieras advirtieron que la tasa quedó por encima de lo esperado, mientras que analistas remarcaron que los rendimientos no son comparables con los bonos bajo legislación extranjera, que se utilizan para calcular indicadores como el riesgo país. En este contexto, el índice elaborado por JP Morgan registró una leve baja y cerró en 628 puntos básicos.
Para favorecer la demanda, el Gobierno introdujo cambios regulatorios en los días previos. Entre las medidas se incluyeron flexibilizaciones para que aseguradoras y personas humanas pudieran participar de la licitación, además de restricciones destinadas a limitar operaciones de arbitraje entre el mercado oficial y el dólar MEP.
La estrategia oficial se apoyó en la participación de bancos, aseguradoras, empresas, organismos públicos y sociedades de bolsa. La dinámica regulatoria contribuyó a canalizar parte de los depósitos en dólares del sistema financiero hacia la nueva colocación.
Luego de esta emisión, el Gobierno deberá definir cómo completará la cobertura del resto de los vencimientos de enero. En el mercado se anticipa la posibilidad de avanzar con un préstamo con bancos internacionales para afrontar los pagos pendientes y continuar el proceso de normalización del acceso al crédito.
