En 2020, la provincia de Santa Fe adhirió “a la Ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, y creó el cuerpo de peritos oficiales para actuar en el ámbito de los tribunales laborales en julio de este año. Su creación es considerada un paso clave para garantizar diagnósticos homogéneos, evaluaciones de mayor calidad técnica y procesos más transparentes para trabajadores y empleadores”.
En un encuentro encabezado por el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fernando Pérez, el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, “la SRT ratificó su apoyo a la actualización normativa provincial con el objetivo de profesionalizar la labor pericial. El proyecto en análisis establece que, en los supuestos contemplados por la ley de adhesión, el Cuerpo Especializado -o el perito designado- deberá evaluar y expedirse sobre los puntos cuestionados de la pericia realizada por la Comisión Médica correspondiente, fundamentando su dictamen únicamente en los casos en que se aparte de lo resuelto por dicha Comisión. Este mecanismo apunta a fortalecer la coherencia técnica entre instancias administrativa y judicial, y a dotar de mayor previsibilidad al sistema”.
En este marco, “las autoridades firmaron un convenio marco de cooperación que consolida la articulación institucional entre la provincia y la SRT. El acuerdo establece líneas de trabajo conjunto para optimizar recursos, coordinar acciones y promover políticas públicas que fortalezcan la resolución y tratamiento de los conflictos laborales derivados de accidentes y enfermedades profesionales.
Pérez destacó el compromiso de la SRT con la provincia, poniendo a disposición asistencia técnica, herramientas normativas y recursos operativos para avanzar en la modernización de los procesos administrativos y reducir la litigiosidad, uno de los desafíos centrales del sistema.
Las autoridades también subrayaron la relevancia de la reciente actualización del Baremo laboral, implementada mediante el Decreto 549/2025, que moderniza la herramienta de evaluación de incapacidades y mejora la precisión de los dictámenes médicos”.
Asimismo, resaltaron que “desde la entrada en vigencia de la Ley 27.348, las comisiones médicas tramitaron más de 1.200.000 actuaciones, con índices de homologación del 99% en valoraciones de daño, 87% en determinaciones de incapacidad y 81% en divergencias. Además, los tiempos promedio de resolución se ubican en 55 días desde la audiencia médica, consolidando un sistema más eficiente y previsible para los trabajadores”.
