La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas (Aprecod) quedó en el centro de una fuerte disputa pública luego de que el diputado provincial Miguel Rabbia (PJ) denunciara posibles desvíos de más de $4.000 millones hacia asociaciones civiles “creadas este año, sin trayectoria y sin habilitaciones”, algunas vinculadas —según señaló— a referentes del Partido UNO.
Frente a estas acusaciones, el diputado oficialista Walter Ghione rechazó de plano – en dialogo con Mitre Santa Fe- las afirmaciones y sostuvo que se trata de “una persecución política y religiosa”. Señaló que quienes hoy cuestionan el uso de fondos “tuvieron a la Aprecod cerrada durante dos años” y que en la gestión anterior también existían vínculos políticos entre funcionarios y asociaciones conveniadas.
Ghione defendió el modelo actual y aseguró que las comunidades terapéuticas no son sanatorios, sino espacios de contención donde intervienen trabajadores sociales, psicólogos y equipos interdisciplinarios, y que los tratamientos específicos se realizan en el sistema de salud. “Las personas llegan sin recursos, sin ropa, y lo primero que recuperan es la cuestión humana”, afirmó.
Respecto a la pregunta central —¿dónde está la plata?— el legislador explicó que no se entregan miles de millones de una vez, sino que los convenios prevén pagos mensuales proporcionales a la prestación comprobada. “No se libera ni un peso sin contraprestación previa. Todo está documentado y es información pública”, sostuvo. También aclaró que el domicilio legal de una asociación no siempre coincide con los espacios de internación, que en su mayoría son lugares alquilados y distribuidos en 14 o 15 departamentos de la provincia.
Asimismo, adelantó que el Gobierno ya está respondiendo el pedido de informes aprobado en la Legislatura, aunque advirtió que, mientras dure ese proceso, “cada uno puede instalar sospechas y convertirlas en persecución mediática”. Además, cuestionó lo que definió como un prejuicio hacia la comunidad evangélica y recordó que instituciones católicas también reciben partidas millonarias —más de $17.000 millones al año— sin que se generen controversias.
