Una manifestación multitudinaria frente al Congreso de la República del Perú culminó en incidentes violentos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional, con un saldo preliminar de un fallecido y decenas de heridos.
La marcha, convocada por grupos juveniles y organizaciones sociales, buscaba expresar rechazo a decisiones recientes del Ejecutivo y del Legislativo. Los choques se desarrollaron especialmente sobre la avenida Abancay, en el centro de Lima.
El estallido de la protesta
La movilización se articuló como parte de una Marcha Nacional impulsada por colectivos de la llamada “generación Z”, artistas, universitarios y agrupaciones sociales, con reclamos que van desde la derogación de leyes percibidas como beneficiosas para el crimen organizado hasta la exigencia de reformas políticas profundas.
En sus inicios, la protesta transcurrió con una convocatoria pacífica: pancartas, consignas y expresiones simbólicas. En varios tramos del recorrido se observaron elementos artísticos y simbólicos, como un violín de gran tamaño que algunos manifestantes trasladaban como reclamo a asuntos de justicia.
Sin embargo, hacia la noche, un grupo de participantes encendió fuego en objetos instalados frente al Congreso, incluyendo el violín gigante, que se convirtió en foco del conflicto. Las llamas y la humareda alteraron el ambiente del lugar, desencadenando una respuesta policial con gas lacrimógeno, lanzamiento de proyectiles y maniobras de contención.
Algunos testigos aseguran que el fuego comenzó poco después de las 19:00, cuando la multitud se encontraba frente a las rejas del Congreso. En ese momento, la tensión se elevó: manifestantes intentaron mover vallados, y la policía abrió líneas de dispersión.
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, responsabilizó a los manifestantes por los actos de incendio y desorden frente al Congreso. Según su versión, la fuerza policial respondió de manera gradual ante lo que calificó como provocaciones.
Recuento de víctimas
Las cifras oficiales han variado según las fuentes. El presidente interino José Jerí confirmó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un manifestante que habría sido alcanzado por un disparo en el tórax mientras participaba de la marcha.
En cuanto a lesionados, Jerí reportó en redes sociales al menos 55 policías y 20 civiles afectados.
Sin embargo, otras organizaciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, elevaron ese número a más de 100 personas heridas.
Durante los enfrentamientos, algunos medios y asociaciones periodistas documentaron que reporteros recibieron impactos con perdigones o resultaron lesionados al cubrir los incidentes.
Respecto a la dispersión, la policía utilizó gases lacrimógenos, proyectiles no letales y líneas de contención para impedir que los manifestantes avanzaran sobre la sede legislativa.
Desde el gabinete y el Ministerio del Interior, se anunció la apertura de investigaciones para determinar las responsabilidades del uso de la fuerza, los disparos y los daños producidos. El ministro Vicente Tiburcio negó la participación de unidades especiales como la Terna en los enfrentamientos y sostuvo que la PNP respondió ante agresiones.
Por su parte, miembros del Congreso, como la congresista Ruth Luque, manifestaron su rechazo a la represión y adelantaron que no otorgarían confianza al nuevo gabinete, además de promover mociones de censura contra el presidente Jerí.
Las protestas no se limitaron a Lima: se registraron movilizaciones simultáneas en ciudades como Arequipa, Puno, Trujillo y Huancavelica, aunque en muchos casos con un carácter más pacífico y sin incidentes comparables.
