El presidente Javier Milei oficializó este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y remitió la decisión al Congreso, donde la oposición evalúa si intentará revertirla en una sesión especial convocada para el próximo miércoles.
El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados a comienzos de agosto con 158 votos afirmativos, no alcanzó los dos tercios necesarios para garantizar su sanción frente a un eventual veto presidencial. Esa es la mayoría especial que ahora necesitará la oposición para insistir con la norma.
La ley había sido presentada por el espacio radical disidente Democracia para Siempre junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Entre sus principales puntos, establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación. También contemplaba la reapertura de paritarias en un plazo de tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes, además de un refuerzo en becas estudiantiles.
Desde el inicio, la Casa Rosada rechazó la propuesta alegando que su costo fiscal era “inviable” y que ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los pilares del programa económico. En el decreto de veto, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumentó que la iniciativa no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige identificar de manera precisa las fuentes de financiamiento para todo gasto no contemplado en el presupuesto.
El Gobierno advirtió que las alternativas de financiamiento mencionadas en el texto –como mayores ingresos tributarios o reasignación de partidas– eran demasiado generales y no garantizaban recursos suficientes. Según cálculos oficiales, la implementación de la ley hubiera implicado en 2025 un costo superior a un billón de pesos, monto que, de no estar respaldado, podría financiarse con emisión monetaria y provocar mayor inflación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
No es la primera vez que Milei rechaza una ley de financiamiento universitario: ya lo había hecho el año pasado, cuando contó con el respaldo de un sector del radicalismo y de algunos gobernadores para sostener su postura en Diputados.
Mientras tanto, los bloques opositores discuten si llevarán el tema al recinto en los próximos días. Algunos sectores presionan para tratar cuanto antes el veto, aprovechando el desgaste del oficialismo tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y el conflicto abierto con varios mandatarios provinciales. Este jueves se realizará una reunión clave entre secretarios parlamentarios de la oposición para definir la estrategia.
Aún restan enviarse al Congreso otros vetos anunciados por la Casa Rosada, como los vinculados a la declaración de emergencia en pediatría, la moratoria previsional y la emergencia por Bahía Blanca, cuyo plazo vence este jueves.