En el marco de la profunda reestructuración del sistema vial nacional, el Gobierno nacional dejó sin funciones a más de 5100 empleados públicos tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida se enmarca en una serie de cambios impulsados por la Secretaría de Transporte para concentrar competencias y reducir estructuras estatales.
Según informaron desde la Casa Rosada, la totalidad de los trabajadores de Vialidad pasará a disponibilidad, con el compromiso de mantener el salario por un año mientras se analizan reubicaciones en otras áreas. Parte de la plantilla podría ser absorbida por el Ministerio de Economía —que tomó el control de la red vial de 40.000 kilómetros— o por la flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Desde el oficialismo aseguran que se prevé brindar capacitaciones para reconvertir funciones y que también podrán prestarse servicios tercerizados dentro del Estado. Para quienes no sean reubicados, se contempla una indemnización correspondiente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como referencia el salario más alto percibido durante el último año.
El capítulo de Empleo Público de la Ley Bases también habilita transferencias de empleados a provincias y municipios. No obstante, el Gobierno podría evitar pagar indemnizaciones en casos donde se detecten irregularidades como ausencias injustificadas, incumplimiento de horarios o abandono de tareas.
Además de los recursos humanos, el Ejecutivo está relevando inmuebles, maquinaria, flotas y bienes patrimoniales de Vialidad para su traspaso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Solo en 2025, el organismo contaba con un presupuesto de $456.777 millones.
El plan también alcanza a otras estructuras recientemente eliminadas, como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su lugar, se impulsa un nuevo esquema de control liderado por Gendarmería Nacional y supervisado por el Ministerio de Seguridad. En tanto, la Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
En paralelo, el Ejecutivo propone la creación de un Consejo Vial Federal, con el objetivo de coordinar las tareas de infraestructura vial junto a las provincias.
