La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un duro comunicado en rechazo al nuevo preacuerdo paritario del sector de Comercio, que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores en todo el país. Desde la entidad cuestionaron la falta de representación en la negociación y denunciaron la inclusión de “costos ocultos y autobeneficios gremiales” que terminan trasladándose al consumidor.
“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, expresaron desde CADAM, al remarcar que el acuerdo no solo mantiene, sino que incrementa aportes compulsivos que presionan sobre las estructuras empresariales.
Uno de los puntos más criticados fue la Contribución Solidaria por COVID-19, un aporte creado durante la pandemia, que no solo sigue vigente, sino que se eleva de $5.500 a $8.500 por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social OSECAC.
También se apuntó contra el Seguro Complementario de Retiro La Estrella, obligatorio desde 1993 y equivalente al 2,5% del salario, sin opción de libre elección para empleador o trabajador. “Llevamos 33 años pagando este seguro, y está claro que el principal beneficiado no es el trabajador”, señalaron. Solo el 50% de ese aporte va a una cuenta individual, mientras que el resto se deriva a un sistema solidario al que muchos empleados no acceden por no cumplir los 20 años mínimos de aporte.
En caso de rescate anticipado por despido, el trabajador solo puede recuperar la mitad de lo aportado. “Es un esquema injusto y desactualizado”, remarcaron.
Otro punto en conflicto es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que representa un 0,5% del salario, obligatorio incluso cuando el trabajador no accede a ninguna capacitación.
CADAM solicitó con urgencia a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que avance con el dictamen pendiente que permitiría transparentar estos costos y evitar su repetición en futuros acuerdos paritarios.
A todo lo mencionado se suma un aporte sindical del 0,5%, que se descuenta del salario sin importar si el trabajador está afiliado o no, junto con otros aportes variables según la jurisdicción.
Desde el sector mayorista advirtieron que este tipo de cargas forman parte del denominado “costo argentino” y que, inevitablemente, impactan en los precios finales, afectando la competitividad y al consumidor.
