A partir del 21 de junio, la provincia de Santa Fe implementará el sistema de responsabilidad penal adolescente, conforme a la reforma al Código Procesal Penal aprobada en diciembre de 2023. Esta medida implica que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) asumirá la investigación y prosecución de los delitos cometidos por menores de edad, un cambio significativo en la estructura judicial provincial.
Con la puesta en marcha de esta reforma, los juzgados de menores dejarán de funcionar, y las causas serán tramitadas por fiscales, defensores y jueces especializados que actuarán durante todas las etapas del proceso, desde la denuncia hasta la resolución judicial. El sistema juvenil pasará a regirse bajo un modelo acusatorio y público similar al que aplica para los adultos desde 2014.
El nuevo régimen abarca a todos los menores de 18 años, incluyendo a aquellos menores de 16, quienes aunque no son punibles penalmente, serán objeto de investigaciones para establecer los hechos y activar mecanismos de protección con la intervención de organismos estatales.
Para los adolescentes de entre 16 y 18 años, la responsabilidad penal continuará bajo la ley nacional vigente desde 1980, que establece que sólo serán punibles aquellos delitos cuya pena supere los dos años de prisión, excluyendo infracciones que impliquen únicamente multas o inhabilitaciones.
Entre las novedades del sistema se incluyen la incorporación del juicio abreviado y la figura de probation para menores, junto con modificaciones en los criterios de prisión preventiva y detención, procurando que los adolescentes no compartan espacios con adultos, salvo excepciones previstas.
El proceso contempla además la participación de la víctima en todas las etapas, pudiendo constituirse como querellante y colaborar en la investigación. Este cambio en el abordaje judicial busca adaptar el sistema penal juvenil a la Constitución provincial y consolidar un enfoque que contemple la edad y contexto de los imputados.
