La pulseada entre el Gobierno y la Justicia por la designación de Manuel José García Mansilla como juez en comisión en la Corte Suprema sumó un nuevo capítulo este fin de semana. A pesar del rechazo categórico de su pliego en el Senado, con más de dos tercios de los votos, el presidente Javier Milei insiste en sostenerlo en su cargo. Para eso, recurrió a una herramienta extraordinaria: presentó un per saltum para que la propia Corte revise la medida cautelar que lo inhabilita por tres meses.
La maniobra del Ejecutivo busca evitar que el juez federal Alejo Ramos Padilla defina el futuro inmediato de García Mansilla. La cautelar que dictó le prohíbe fallar en causas judiciales y administrativas, mientras se analiza la constitucionalidad de su nombramiento por decreto. Sin embargo, en los pasillos del Palacio de Justicia todo indica que el juez nombrado por Milei ya está más cerca de la puerta de salida que de la permanencia.
García Mansilla no se presentó a trabajar el viernes y dejó trascender que consultaría a sus colegas sobre qué decisión tomar. Aunque no formalizó nada por escrito, su ausencia alimenta las versiones de una inminente renuncia. Si esto ocurre, la Corte volvería a funcionar con tres miembros y el per saltum podría quedar abstracto.
La presentación del Gobierno, firmada por el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, argumenta que la medida cautelar representa una «dilación indebida» que afecta el funcionamiento del máximo tribunal y el acceso de la ciudadanía al servicio de justicia. Además, sostiene que la Corte avaló implícitamente la validez del decreto al tomarle juramento a García Mansilla sin objeciones.
No obstante, los propios jueces aclararon en una acordada reciente que no se pronunciaron sobre la constitucionalidad del decreto 137/25. Por su parte, Ramos Padilla fundamentó su decisión en la necesidad de respetar el rol del Senado, advirtiendo que la falta de acuerdos políticos no puede justificar la omisión del proceso constitucional de designación.
Organizaciones como CELS, ACIJ, INECIP, Poder Ciudadano y el Colegio de Abogados porteño ya reclamaron la renuncia del juez, al igual que más de 50 juristas y académicos de diversos sectores ideológicos. Todos coinciden en que, sin el acuerdo del Senado, su continuidad carece de legitimidad.
Ahora, la Corte Suprema tiene la última palabra: si decide abrir el per saltum, podría dar un mensaje político-judicial fuerte. Pero también existe la posibilidad de que García Mansilla se baje antes de que eso ocurra, buscando evitar un nuevo revés institucional. Mientras tanto, la tensión entre los poderes del Estado escala y el desenlace aún está en juego.
