El Gobierno nacional oficializó la conversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Sociedad Anónima a través del decreto 115/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte del plan de reestructuración de empresas estatales con el objetivo de avanzar en su eventual privatización.
Según lo establecido en la normativa, el 95% de la participación accionaria quedará en manos de la Secretaría de Energía y el 5% restante bajo la órbita de la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía. Además, se determinó que la relación laboral de los empleados será regida por la Ley de Contrato de Trabajo.
Previo a la publicación del decreto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comunicó la decisión al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dado que la minera opera en esa provincia y ha funcionado de manera intermitente en los últimos años. La medida genera preocupación en la administración provincial, ya que existe la posibilidad de que Santa Cruz deba asumir la gestión de la mina mientras que la central de generación eléctrica pase a manos privadas.
El proceso de saneamiento contempla la presentación de balances contables, la adecuación de reglamentos internos y un plan de inversiones. La empresa tiene un plazo de 60 días, prorrogable por 30 días más, para remitir a la Secretaría de Hacienda su presupuesto anual con una reducción de los aportes estatales a lo imprescindible.
YCRT enfrenta problemas estructurales y financieros desde hace varios años, con una planta de trabajadores que supera las necesidades operativas actuales y dificultades en la producción y comercialización del carbón. Pese a la demanda en el mercado internacional, los niveles de producción no alcanzan los volúmenes requeridos, y los costos logísticos afectan la competitividad del producto.
El Gobierno descarta otorgar subsidios para reactivar la producción y sostiene que la privatización de la empresa es parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal. Mientras tanto, tres grupos privados han mostrado interés en la adquisición del complejo minero.
