El Gobierno argentino ejecutó este jueves el desalojo de un grupo autoproclamado mapuche que ocupaba áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, desde 2020. Según fuentes oficiales, las fuerzas federales y provinciales realizaron la operación de manera pacífica, después de agotar todas las vías judiciales y los intentos de desalojo pacífico.
El Juzgado Federal de Esquel había ordenado en agosto de 2024 la expulsión de los ocupantes liderados por Cruz Cárdenas y María Belén Salinas, quienes se encontraban en una seccional del parque. La decisión judicial estuvo en línea con la postura adoptada por la nueva gestión de la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Javier Milei. Según informó la Administración, la ocupación había causado conflictos en la región, incluidos ataques verbales y físicos al personal del parque, además de afectar gravemente el derecho de propiedad del Estado Nacional.
La sentencia judicial destacó que el derecho a la posesión de tierras de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifica el delito de usurpación, argumentando que el procedimiento utilizado por los ocupantes para ejercer este supuesto derecho no es legal ni amparable por la ley de comunidades indígenas 26.160. En este marco, el Gobierno resolvió no prorrogar dicha ley, que suspendía los desalojos de grupos indígenas, recuperando así la facultad para actuar en defensa de la propiedad y el orden legal en todo el territorio nacional.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se expresó sobre la situación y destacó la necesidad de diferenciar a las comunidades mapuches y tehuelches que habitan la región desde hace siglos, de los grupos que, según afirmó, se identifican como «falsos mapuches» y están vinculados a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
