Dos hombres, Alejandro F. y Pablo G., quienes se encuentran imputados por su presunta responsabilidad en un asalto ocurrido en la noche del 24 de septiembre de este año en un domicilio de calle Congreso al 140, recuperarán su libertad en forma inmediata luego que la jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato determinara que las evidencias presentadas por el fiscal Martín Castellano resultaran insuficientes para justificar el dictado de prisión preventiva.
Según la descripción de los hechos que formuló Castellano, tres sujetos -los imputados más un tal Tomás R., quien permanece prófugo- se presentaron cerca de las 22 del día mencionado en el domicilio de barrio Sarmiento, luego de descender de un VW Bora de color gris, en la esquina de Francia y Congreso. Allí en la vivienda de Congreso 140 sorprendieron a las víctimas, dos muchachos, a los que redujeron por la fuerza y, tras propinarle golpes y proferir amenazas con armas de fuego, los despojaron de 40 mil pesos en efectivo, un parlante y vestimentas, para huir en el Bora por calle Francia hasta avenida Brasil y dirigirse hacia la RN 34.
Los imputados, que contaron con la asistencia legal de la Dra. Mónica Ronchi (del servicio público de defensa) y de la Dra. Cecilia Álamo (quien asistió a Pablo G.) fueron señalados por los investigadores policiales por un dato esencial: las cámaras de seguridad de una casa contigua a la del lugar del hecho mostraron la llegada y huida de los delincuentes, y uno de ellos tenía una renguera, similar a la que padece el imputado Alejandro F. Por trabajos de pesquisas de campo y en las redes sociales, los investigadores encontraron que AF tenía contactos con Pablo G. y que éste, a su vez, aparecía en fotos junto a un VW Bora similar al utilizado en el asalto, cuya pertenencia sería de su hermano. Al trío lo completaba Tomás R. sobre quien pesa una orden de captura.
Sin embargo, las defensas cuestionaron que las evidencias comprometieran a sus defendidos. Sólo en el caso de AF se secuestró un arma, aunque no pudo acreditarse que fuera la misma que pudo haberse utilizado en el hecho. Las víctimas negaron poder reconocer a los autores del hecho y sólo dos testigos (vecinos de la casa donde se produjo el hecho) pudieron describir muy superficialmente las vestimentas que utilizaban los delincuentes, cuyos rostros no se ven en las filmaciones. Tampoco al auto se le reconoce el dominio, por lo que Fortunato consideró que en esta etapa de la investigación no se cumplen los requisitos como para dar por acreditado el hecho, aunque no se duda de la materialidad del mismo, sino de la autoría del mismo.
No obstante, los dos imputaos siguen vinculados a la investigación y eventualmente podrían ser detenidos nuevamente si aparecen otras evidencias más fuertes, ya que los delitos que se le imputan son graves: robo calificado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda. Por eso Fortunato fijó medidas alternativas, entre ellos la prohibición de acercamiento a las víctimas, la prohibición de portación de armas de cualquier tipo y la fijación de una fianza de 100 mil pesos para cada uno.
