Distintos medios porteños señalan que las grandes cadenas de supermercados de la capital y Gran Buenos Aires comenzarán a recibir productos importados, en especial alimentos. Las ventas en las grandes cadenas cayeron en marzo un 7,3% interanual, mientras que en los mayoristas retrocedieron un 10%, según el último informe de Scentia. Luis Caputo se reunió a mediados del mes pasado con los CEOS de esas firmas para plantear la “desinflación”; las empresas compraron antes de la devaluación de diciembre, stocks a precios de dólar futuro muy superior al que hoy muestran las pizarras de la administración Milei. Y no pueden convalidar quebrantos contables vendiendo por debajo de los precios que ahora la macroeconomía no convalida. De todas maneras en la última semana de abril los precios retrocedieron 1% en alimentos y bebidas, la consultora LCG en su informe de avance semanal.
A contramano de la “demanda agregada” que promovía el kirchnerismo, repartiendo dinero recién impreso -lo que alimentaba la inflación-, la administración central se mantiene firme en no expandir la base monetaria y en licuar los pesos circulantes. Pero el costo de la recesión (incluso su impacto en la recaudación) es alto; el gobierno busca forzar la competencia de importados a menor valor sin agregar demanda. Es cierto que los salarios formales subieron 14% en marzo y le ganaron a la inflación 3% en el período (datos Ripte), pero también que desde diciembre perdieron 17% de su poder adquisitivo. La Casa Rosada mira -al igual que el kirchnerismo- lo que sucede en las grandes góndolas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Lejos de ese fenómeno están las bocas de proximidad de las estanterías santafesinas, donde el consumo y los tickets son más moderados.
