En medio de un escenario económico complejo, el gobierno de Javier Milei, anunció recientemente su intención de derogar la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, generando incertidumbre entre los jubilados. Enrique Gómez Coccia, especialistas en cuestiones provisionales, advirtió sobre las posibles consecuencias de esta medida y la necesidad urgente de un aumento por decreto para contrarrestar el desbordamiento de la inflación.
Coccia señaló que las leyes previas no arrojaron resultados positivos, ya que la inflación superó la capacidad económica de los haberes previsionales. La actual fórmula de movilidad no contempla la inflación, lo que presenta un desafío significativo, especialmente ante las proyecciones de un «fogonazo inflacionario» en los próximos meses.
«La fórmula actual solo toma en cuenta remuneraciones y recaudaciones, y ante el estancamiento económico, la recaudación será limitada. En este escenario, la inflación no se reflejará en la actualización de las jubilaciones», advierte Coccia.
Aumento por decreto
Debido a la falta de ajuste por parte de la fórmula, el gobierno se ve presionado a otorgar un aumento inmediato vía decreto. Aunque aún no se confirma el bono para los meses siguientes, Coccia anticipa que podrían recurrir los jubilados a medidas judiciales, citando un fallo que obliga a ajustar hasta el 82% móvil.
«El único recurso que queda para el jubilado es el reclamo judicial. Si el gobierno no decide asistir económicamente a los haberes previsionales, la vía judicial es la única opción», destaca el especialista.
Plazos judicial
En cuanto a los plazos judiciales, Coccia menciona la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, que impone la obligatoriedad de dar celeridad a los procesos que involucren a personas mayores. Aunque los plazos se redujeron, la crisis actual genera cuellos de botella en los reclamos, prolongando los tiempos de resolución.
El especialista aboga por una solución integral que vaya más allá de los aumentos paliativos. Propone un índice de actualización de la canasta del jubilado, encargado al INDEC, que refleje las necesidades reales de este grupo demográfico. Sin embargo, subraya la importancia de abordar la raíz del problema: la inflación.
«El secreto es que la inflación desaparezca o se minimice. Si hay estabilidad económica, no será necesario recurrir a índices. La idea es lograr una previsibilidad para quienes acceden a prestaciones previsionales», argumenta Coccia.
El índice propuesto por el experto busca reflejar el consumo real de los jubilados. En la provincia de Santa Fe los legisladores ya están en conocimiento de la propuesta y se está buscando una forma de abandonar la incertidumbre asociada a los cambios bruscos en la movilidad jubilatoria.
«Tenemos que salir de la metodología del hecho del príncipe, es decir, el que accede al gobierno con el dedo dice hoy te voy a dar 50.000, mañana te voy a dar 20. La previsibilidad es clave para quienes dependen de estas prestaciones. Necesitamos una solución que no sólo reemplace la movilidad, sino que la mejore», concluyó Coccia.
Los jubilados esperan el desarrollo de esta situación, conscientes de que su bienestar financiero está en juego y que la vía judicial podría convertirse en la única opción para garantizar una jubilación digna en tiempos económicos difíciles.
