En la mañana de este martes se concretó en el Concejo Municipal la segunda audiencia pública sobre el tema nocturnidad, a la cual asistieron una docena de empresarios y operadores del negocio, quienes reiteraron los principales problemas que afronta la actividad en Rafaela.
La primera referencia en la que coincidieron prácticamente todos los asistentes fue el grave problema que implica la convivencia con los vecinos. «Hoy en día no es que en Rafaela falten eventos, lo que falta son lugares para concretarlos. En todos los sitios que se hacen fiestas aparecen automáticamente denuncias de los vecinos», manifestaron. Incluso lugares con amplias capacidades, como el predio de la Sociedad Rural de Rafaela o el velódromo, están siendo también siendo denunciados.
Los empresarios piden algo difícil de conceder para las autoridades: que se haga oídos sordos a las denuncias, sobre todo porque son recurrentes y en general de las mismas personas siempre. «Organizamos un evento donde hay 2 mil o 3 mil personas, cumplimos con todo lo que me piden en materia de normativas de seguridad e impositivas, hacemos una inversión muy importante en personal de seguridad, en alquiler del espacio físico, en equipos de sonido, iluminación, y de pronto vienen tres vecinos que se molestaron por la música y denuncian una y otra vez, y te condicionan todo», plantearon.
En este punto, los concejales hablaron de la necesidad de diferenciar cuestiones puntuales, como por ejemplo las fiestas que se realizan ante fechas especiales, como son ocurre a fin de año, o en el Día del Amigo, o en la Primavera. Ese tipo de eventos tiene que diferenciarse, plantean los concejales, de los boliches que abren todos los fines de semana; o de las fiestas de otro tipo, quizás con la presentación de bandas o de grupos muy convocantes.
Altos pagos por tasas específicas
Otro problema que registra y afecta principalmente a las fiestas familiares que se hacen en las Vecinales -donde también hay denuncias de vecinos por ruidos molestos-, son los altos costos que generan los pagos a AADI-CAPIF y Sadaic. Originalmente, estas tasas -que nacieron por una ley del año 1974- se aplicaban sobre las entradas a los bailes o boliches con baile. Pero luego se sumaron a los eventos donde se emite música y en el caso de las fiestas de bodas o de cumpleaños, la tasa se aplica sobre la tarjeta que pagan los comensales. «Si hay de comer caviar, se paga Aaadi-Capif y Sadaic sobre el caviar y el mejor vino», ejemplificaron.
También se plantearon otros múltiples problemas que requieren un abordaje desde el Estado local. Por ejemplo, los horarios de los eventos; las complicaciones que hay para hacer fiestas de graduaciones -donde el único lugar habilitado sería la Rural, ya que dejó de utilizarse el Centro de Educación Física 53 y otros sitios que por capacidad no pueden utilizarse-
Según los organizadores de este tipo de eventos, las mismas instituciones que son propietarias de los espacios donde podrían hacerse fiestas no quieren alquilar para no entrar en conflicto con los vecinos. «La misma gente de la Sociedad Rural nos dice que ellos no quieren enfrentarse a los vecinos. Y lo mismo pasa en el Aero Club, de donde nos corrieron los vecinos del Brigadier López con sus quejas. O lo mismo pasa en el Velódromo».
Además de las alternativas de diversión para los más jóvenes, los empresarios sostienen que «hay que tener en cuenta todos los puestos de trabajo que se generan en la nocturnidad. Hay mozos, hay personal de seguridad, hay sonidistas, hay iluminadores, hay técnicos, personal que atiende en las barras, proveedores de bebidas, de hielo, de insumos en general. Y además hay eventos musicales, como fue la presentación de KLocura, o del Toro Quevedo, que movieron gente de otros lugares que llegaron a Rafaela para disfrutar de esos eventos», destacaron.
Si bien no hubo conclusiones definitivas, la audiencia sirvió para que exista un compromiso de diálogo permanente, con la mirada puesta en adecuar las ordenanzas vigentes en los aspectos en que se haga necesario, pero también vincular a los organismos de control que tiene el municipio con el espíritu que persiguen las ordenanzas, tratando de encontrar puntos básicos de consenso de manera que no exista un «vale todo», pero tampoco una máquina de impedir, con la seguridad de que será imposible dejar a todos conformes.
