El Gobierno nacional creó una «Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional» en la provincia de Jujuy ante «los gravísimos hechos represivos ocurridos» en el marco de la reforma de la Constitución provincial.
De acuerdo a lo establecido en el decreto 435/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes, cuyo desempeño tendrá carácter ad honorem.
El ente tendrá por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), relativas a la actuación de la Policía jujeña durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos.
Luego, deberá elaborar un informe que será puesto en conocimiento del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
A partir de su conformación, la Comisión tendrá un plazo de hasta 60 días corridos para elevar el informe.
